lunes, 29 de agosto de 2011
Sabra y Chatila. Vals con Bashir
Masacre de Sabra y Chatila
La pelicula Israeli Vals con Bashir premiada con el globo de oro trata de un tema que lamentablemente nos suena dolorosamente vigente.
Este es un informe publicado durante el 2002 cuando Ariel Sharon era el primer ministro de Israel.
Ariel Sharon murio en el 2006.
Antecedentes
El 6 de junio de 1982 Israel invadió Líbano utilizando como excusa la tentativa de asesinato de su embajador en Londres dos días antes. En realidad, la invasión de Líbano (bautizada Paz para Galilea) había sido preparada con mucha antelación por el gobierno israelí, que inicialmente tenía previsto penetrar y ocupar una franja de 40 kilómetros a fin de desalojar a la resistencia libanesa y palestina de la frontera norte de Israel. La agresión fue dirigida por el ministro de Defensa Ariel Sharon, actual primer Ministro de Israel, quien decidió proseguir su avance hasta la capital, Beirut, ciudad a la que somete a un cruel asedio a partir del 18 de junio, que ocasionó 18.000 muertos y 30.000 heridos, en su mayoría civiles.
Tras dos meses de combates y asedio, el mediador norteamericano Pilippe Habib logra el compromiso de la OLP de desalojar Beirut-Oeste a cambio de garantizar la protección internacional para la población palestina de los campos de refugiados situados en la periferia sur de la ciudad, los de Sabra y Chatila. Los combatientes palestinos abandonan la capital libanesa el 1 de septiembre, y el 10 de septiembre lo hace la fuerza multinacional desplegada. Tras el asesinato -nunca esclarecido- el día 15 del recién elegido nuevo presidente libanés Bachir Gemayel (dirigente del Partido Kataeb o Falange, formación de la extrema derecha maronita aliada de Israel), el ejército israelí ocupa Beirut-Oeste en contra de lo pactado con EEUU.
Previamente, Ariel Sharon había anunciado que aún quedaban en los campos de Sabra y Chatila "dos mil terroristas [palestinos]" y había acordado con Gemayel, tres días antes de su asesinato, que las milicias del Partido Kataeb (las llamadas Fuerzas Libanesas), bien conocidas por su odio y brutalidad hacia los palestinos, entrarían en los campamentos palestinos para "limpiarlos", asistidas por el ejército israelí, que previamente procede a bombardearlos intensivamente.
Del 16 al 18 de septiembre, mientras el ejército israelí ilumina día y noche los campamentos con potentes reflectores, impide la huida de sus residentes y presta sus excavadoras para enterrar a los masacrados o demoler las viviendas, los falangistas torturan, violan y matan a una cifra de civiles palestinos y libaneses que puede alcanzar los 3.500.
(Para más información sobre los antecedentes, puedes descargar el documento en formato PDF: Rosemary Sayigh "Seven Day Horror: How the Sabra/Chatila Massacre was Buried with the Victims", en al-Majdal núm. 9 de marzo, 2001. Documento gráfico completo -del que aquí publicamos una selección de imágenes - sobre las masacres de Sabra y Chatila en ntcsites.com ).
Los demandantes
Los demandantes de la acción contra Sharon, representados por un equipo de tres abogados (dos belgas y un libanés), son personas que acreditan haber sido víctimas y testigos de las masacres cometidas contra ellos, contra sus familiares, contra terceras personas y contra sus bienes materiales. Las 23 acusan -con el respaldo del testimonio de cinco testigos- a Ariel Sharon de permitir que las milicias de las Fuerzas Libanesas (la organización militar del Partido Kataeb o Falange) en connivencia con el ejército israelí asesinaran hasta más de tres millares de civiles en los campamentos de Sabra y Chatila, en aquel momento bajo control militar del ejército israelí.
(La lista completa de demandantes está incluida en el texto de la Demanda en formato PDF)
El fundamento jurídico
El fundamento jurídico de la demanda se acoge a la Ley belga de 16 de junio de 1993 (modificada por la Ley de 10 /2/1999) relativa a la represión de las violaciones graves del derecho internacional humanitario en los casos de actos de genocidio, crímenes contra la Humanidad y crímenes contra personas y bienes protegidos por la IV Convención de Ginebra de agosto de 1949. Asimismo, el fundamento de la demanda se acoge al Derecho Consuetudinario Internacional en relación con los mismos crímenes. La combinación de ambas normativas, que habilita a los tribunales del Estado belga a enjuiciar a cualquier persona (sin límites de nacionalidad, tiempo transcurrido o cargo) por crímenes de guerra, actos de genocidio y otros crímenes contra la Humanidad cometidos en cualquier parte del mundo, fue la misma que sirvió de base el año pasado para procesar en Bélgica a personas halladas finalmente responsables de las matanzas de Ruanda.
Merece la pena señalar que el Estado de Israel invocó el mismo instrumento jurídico del Derecho Consuetudinario Internacional cuando juzgó a Eichman por crímenes de guerra cometidos contra comunidades judías en la época nazi y que EEUU recurrió a la misma legislación en el caso del enjuiciamiento de Demyanyuk.
La particularidad que ofrece la legislación belga respecto a la practica del Derecho Consuetudinario Internacional es que, a diferencia de otros Estados, acepta procesar a criminales de guerra aunque sean beneficiarios de la inmunidad por cargo (como es el caso de Sharon, actualmente primer Ministro de Israel). En el caso del Estado español, y tras el enjuiciamiento de Pinochet apelando a la Ley de Justicia Universal, que incluye perseguir delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad, dos querellas presentadas posteriormente mediante acción popular ante la Audiencia Nacional (contra el presidente de Guinea, Obiang y contra Fidel Castro) fueron rechazadas alegando que disfrutan de la inmunidad que les confiere el cargo.
Presiones políticas
De acuerdo con fuentes cercanas a la defensa de los demandantes, y debido a la incidencia política asociada al fondo de la Demanda presentada en Bélgica que criminaliza la actuación del actual primer Ministro de Israel como genocida, las corrientes prosionistas belgas así como algunos círculos políticos de la Unión Europea habrían empezado a ejercer presiones en ámbitos diplomáticos, políticos y mediáticos a fin de influir en la decisión de los tribunales belgas para que la demanda, que ya ha sido admitida a trámite y la investigación oficialmente abierta sean desestimadas.
Por su parte, la Administración estadounidense ya declaró por medio de su portavoz Ari Flesicher la posición de EEUU sobre esta cuestión el mismo día en que Sharon visitaba la Casa Blanca: "Creo que el simple hecho de que el presidente [Bush] esté manteniendo en este momento un encuentro en el Despacho Oval con un líder debidamente elegido por una nación democrática habla por si solo de lo que el presidente hará y de a quien apoya".
[Nota: Más recientemente, como prueba evidente de las profundas implicaciones políticas y la gran repercusión de la Demanda contra Sharon, el propio primer ministro israelí decidió eliminar del programa la inicialmente prevista visita al Reino de Bélgica en su gira de Estado por diferentes países de la Unión Europea durante mes de julio de 2001]
Otras iniciativas contra Sharon
A raíz de la apertura del expediente belga, el Estado de Líbano podría estar considerando reabrir una investigación sobre las masacres para procesar a Sharon por su responsabilidad en las matanzas.
También en Líbano, una abogada libanesa, May Jansa, ha iniciado un pleito contra el primer Ministro de Israel por los mismos cargos que en Bélgica y basada en informes y documentación emitidos por el canal árabe Al Yasira que revelan el papel determinante del ex -parlamentario libanés y comandante de las milicias falangistas libanesas en Sabra y Chatila, Elia Hobeika y el también ex comandante falangista Fuad Abu Nader. La abogada ha presentado una lista de 24 testigos, libaneses y palestinos que fueron víctimas totales o parciales de las masacres.
Asimismo, la organización Human Rights Watch (HRW) con base en EEUU ha solicitado recientemente una investigación del papel del primer Ministro Sharon en las masacres de Sabra y Chatila. "Existen suficientes evidencias de que los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad fueron cometidos a gran escala en los campamentos de Sabra y Chatila aunque hasta la fecha ni un solo individuo ha sido enjuiciado por ello" (Hanny Megally, directora de HRW). La organización de derechos humanos considera que EEUU debería tener un interés sustancial en investigar este caso debido a que la ocupación israelí de Beirut Occidental en 1982 fue seguida del documento emitido por EEUU en el que se reclamaban, como parte del acuerdo de evacuación de las fuerzas de la OLP de Líbano, garantías de seguridad para los palestinos que permaneciesen en la ciudad.
A mediados de junio, la emisora británica BBC ha emitido un reportaje que evalúa la posibilidad de llevar a Sharon ante los tribunales por su responsabilidad en el asesinato de miles de palestinos a manos de las milicias falangistas libanesas en 1982. La emisión del documental ha desencadenado las protestas oficiales de Israel, que ha acusado a la BBC de antisemitismo y al reportaje de tomar una posición antiisraelí.
El Informe de la 'Comisión Kahan'
A raíz de las masacres, en el mismo año de 1982, el gobierno israelí hubo de hacer frente a las presiones internacionales que condenaron duramente las masacres (Naciones Unidas emitió de manera inmediata una resolución
que calificaba los hechos de acto de genocidio) y decretó la creación de una comisión de investigación de los hechos asociados a las masacres. El Informe de la 'Comisión Kahan' (encabezada por el presidente del Tribunal Supremo de Israel en aquel momento, Eailan Kahan) determinó en su investigación (1983) las responsabilidades políticas y personales de los implicados israelíes (desde el primer Ministro Begin hasta los mandos oficiales del ejército israelí) y concluyó hallando responsable personal indirecto a Ariel Sharon en su calidad de ministro de Defensa y comandante de la operación del asalto a los campamentos. Las conclusiones del Informe Kahan determinaron la dimisión de Sharon pero no se inició acción legal alguna para procesarle. Las 23 víctimas y los 5 testigos representan a un extenso número de personas a las que nunca se las ha reconocido como víctimas ni se las ha indemnizado por las pérdidas. Todas ellas perdieron miembros cercanos de sus familias. La lectura de sus testimonios devuelve el grado de horror el carácter de una masacre que se encuentra entre las peores cometidas en el siglo XX.
(Texto completo en inglés del informe de la Comisión Kahan sobre las matanzas de Sabra y Chatila en la web del Ministerio de AAEE de Israel: Report of the Commission of Inquiry into the events at the refugee camps in Beirut, 8 February 1983. Extractos en castellano de dicho informe en CSCAweb: Informe de la Comisión Kahan sobre la responsabilidad de Ariel Sharon en las matanzas de Sabra y Chatila)
(Fuente: CSCAweb)
fuente: http://www.nodo50.org/proceso_sharon/
viernes, 26 de agosto de 2011
Desestiman tendencias onanísticas en Moyano
http://www.fmdelasamericas.com/index/item,1695/seccion,1/subseccion,4/titulo,moyano-no-se-tocacamioneros-anunci-un-paro-nacional-por-los-ataques-
"MOYANO NO SE TOCA"
El gremio de Camioneros convocó esta tarde a un paro nacional de actividades para el próximo lunes, en repudio a lo que definió como "reiterados ataques y mentiras" contra el titular del sindicato, Hugo Moyano, que es investigado en Suiza por supuesto lavado de dinero.
Así lo confirmó el representante del gremio Eduardo Altamirano en conferencia de prensa y detalló que la medida comienza el próximo lunes a las 6:00 e incluye una movilización a la Plaza de Mayo a partir de las 10:00.
“Aquellos medios que saquen algo contra Moyano nos vamos a ir parar en la puerta, mil, 10 mil, 20 mil a exigir pruebas de lo que se está publicando, y si no las tienen deberán rectificarse”, sostuvo Altamirano en una clara amenaza a los periodistas, ya que por mucho menos ese gremio a impedido la salida de los camiones repartidores de diarios.
Como muchos saben el papel del periodista, o del comunicador es exactamente ese: comunicar los hechos, no aportar pruebas, siendo ese el papel de la Justicia. Si Moyano y sus defensores atentan impedir la publicación de información, se cae en una flagrante censura a la libertad de prensa. Lo que ocura en torno al camionero es deber del medio comunicarlo, no aportar las pruebas para ello. En síntesis: no se puede hablar de Moyano.
“Jamás hubo una prueba contra Moyano”, señalan desde Camioneros a pesar de los 3 juzgados que lo investigan. Sin embargo, las pruebas existen, por más que Oyarbide haya tardado en avanzar en dicha causa. En el caso de Moyano hay evidencia de sobra existen elocuentes grabaciones telefónicas que refrendan las sospechas más fuertes de la Justicia. No casualmente, Marcos Hendler, aparente testaferro de Hugo Moyano y titular de droguería Urbana —que proveía la obra social del sindicato de Camioneros— comenzó a ser investigado a partir de una conversación telefónica que habría mantenido con la empresaria farmacéutica Alexia Bergalli sobre la provisión de 19 troqueles “truchos” para la Obra Social de Choferes de Camiones. En esas escuchas, puede comprobarse que los montos son astronómicos.
Norberto Oyarbide también tiene a cargo una investigación que lo vincula con la triple A. Ese expediente está a punto de llevarlo a juicio oral y público, luego de que un abogado llamado Carlos Petroni denunciara que el camionero tuvo en su juventud relación cercana con dos agrupaciones vinculadas con la organización paramilitar de ultraderecha: la Concentración Nacional Universitaria Peronista (CNU) y la Juventud Sindical Peronista (JSP).
Hoy el juez federal Norberto Oyarbide recibió hoy un exhorto del Ministerio Público Fiscal de Suiza, en el que solicita información sobre causas y pruebas relacionadas con Hugo Moyano, Pablo Moyano y su entorno familiar, en el marco de una investigación que se lleva adelante en ese país por presunto blanqueo de capitales.
Es necesario destacar que el exhorto llegó a manos de Oyarbide por sorteo, si bien casualmente también lo investiga por asociación ilícita en el marco de la investigación por la "mafia de los medicamentos".
Las razones por las cuales la mayoría de las causas caen en Oyarbide, deberían preguntárselas al propio Gobierno, quien se ha encargado de dejar vacantes numerosos Juzgados Federales y le ha tocado la buena estrella todas las veces que ese Juez ha tenido en su poder causas sensibles al kirchnerismo. Pero desde la desaparición de Néstor Kirchner, el camionero no ha corrido con la misma suerte.
De todos modos, Altamirano confundió las cosas en su ciega defensa a Moyano al aseverar que “Suiza no pide las cosas porque quiere, sino porque seguramente fiscales de acá se lo debieron pedir”. Eso es obviamente falso, por lo que quedaría pensar que desde aquí se convence a Suiza para que ataque a Moyano. Los numerosos trabajadores argentinos que serán perjudicados por el paro del gremio más grande del país, difícilmente conmoverán a la justicia suiza.
Hace algunos meses han sido visibles casos en los que defensores de sindicalistas detenidos logran presionar a los jueces en su favor. Tal es el caso de Gerónimo Venegas, quien fue detenido por orden de Oyarbide y el cual fue presionado por defensores del “Momo” y por el mismo ex presidente Eduardo Duhalde al punto que se adelantó su indagatoria y se decidió su liberación.
Es preciso destacar que por su parte, el juez federal Claudio Bonadío no sólo trata de determinar si la obra social de los camioneros defraudó al Estado mediante el cobro de reintegros, sino que ahora estudia si incurrió en el delito de administración fraudulenta, a partir de la denuncia que presentó la ex ministra de Salud Graciela Ocaña.
Moyano está involucrado en diferentes causas judiciales argentinas con pruebas de sobra por jueces que otrora supieron preservar al kirchnerismo y sus aliados. Pero el amenazar a la prensa y el perjudicar trabajadores, lejos está de las investigaciones que la fiscalía Suiza lleve adelante.
Frases y cánticos expresados en la conferencia de prensa como “no se juega con Moyano”, “que se atengan a las consecuencias”, “si lo tiran a Moyano va a haber quilombo”, deja en claro por qué hasta el mismísimo kirchnerismo ha decidido romper lazos con el camionero.
Eliana Toro
Ahora es Suiza la que investiga a los Moyano por lavado de dinero
OTRA MANCHA AL TIGRE
Las sospechas sobre los negocios del poderoso Hugo Moyano siempre han llamado la atención de la Justicia y, no casualmente, por ese motivo está siendo investigando en media docena de expedientes por delitos de diversa índole. Particularmente se sospecha de los manejos que ha hecho a través del sindicato de Camioneros y la obra social que depende de este, Oschoca.
En tal sentido, los jueces Claudio Bonadío y Norberto Oyarbide han sabido detectar irregularidades en los manejos financieros, no solo del sindicalista sino también de su esposa, Liliana Zulet.
Sin embargo, los investigadores jamás pudieron avanzar sobre la fortuna familiar, uno de los secretos mejor guardados por el clan. Por lo menos hasta ahora, ya que Ministerio Público Fiscal de Suiza ha librado un exhorto a la Justicia argentina en el que solicita información sobre causas y pruebas relacionadas con Hugo Moyano, Pablo Moyano y su entorno familiar, en el marco de una investigación que se lleva adelante en ese país por presunto blanqueo de capitales.
El exhorto ingresó en la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, vía Cancillería, y resultó designado mediante el sorteo informático de rigor el Juzgado Federal Número 5 de ese fuero, a cargo de Oyarbide.
Hay que recordar que el pedido de la Justicia Suiza se produce mientras en la Argentina Moyano se encuentra cada vez más complicado en la causa por la mafia de los medicamentos.
Dos expedientes avanzan en ese sentido, uno que instruye Oyarbide y otro que lleva adelante Bonadio, donde no sólo se trata de determinar si la obra social de los camioneros defraudó al Estado mediante el cobro de reintegros, sino también si incurrió en el delito de administración fraudulenta, a partir de una fuerte denuncia que presentó la ex ministra de Salud Graciela Ocaña.
La ex ministra cuestionó a Moyano por la contratación que hacían el gremio y la obra social de empresas ligadas a familiares del líder de la CGT, particularmente la actual mujer y a una de las hijas y su marido.
Aparentemente, es el dinero producido a través de esos “negocios” lo que investiga Suiza, ya que han aparecido al menos dos cuentas bancarias en ese país a nombre de los Moyano que ostentarían movimientos sospechosos.
El exhorto llega en mal momento para Moyano, jaqueado por todos los flancos y con un poder que decrece sin cesar. En ese contexto, las palabras se Elisa Carrió tal vez sean proféticas.
Es que, más temprano, la líder de CC aseguró que "Moyano puede ser el Herminio Iglesias que haga perder al oficialismo" las elecciones de octubre.
Equipo de Política de Tribuna de Periodistas
Moyano, visto como un matón por EE.UU.
Para la embajada, así construyó su poder
Martes 15 de marzo de 2011 | Publicado en edición impresa
Hugo Alconada Mon
LA NACION
Un "matrimonio por conveniencia". Entre una pareja presidencial debilitada -por errores propios y un contexto local e internacional que no la ayudaba- y un líder sindical que huele esa debilidad, que actúa como un "matón" para extraerle todos los beneficios que sea posible y que, cuando llegue el momento indicado, la abandonará.
Ese es el cuadro de situación sobre Hugo Moyano, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex mandatario Néstor Kirchner que la embajada de los Estados Unidos comunicó a sus superiores en Washington entre principios de 2008 y mediados de 2010, según surge de ocho cables "confidenciales" o "sensibles" que obtuvo la organización WikiLeaks y que cedió a LA NACION
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